La iniciativa de ley prohíbe el uso de licencias válidas de otros estados en manos de indocumentados, obliga a los hospitales a recopilar información sobre el estado migratorio de los pacientes y criminaliza el transporte de indocumentados, poniendo en serio riesgo a cientos de miles de ‘familias mixtas’.
Tras varias semanas de preparativos y advertencias, ambas cámaras de la Asamblea Legislativa de Florida recibieron el jueves un proyecto de ley que, de ser aprobado y luego promulgado por el gobernador Ron DeSantis (republicano), convertirán al estado en el más antiinmigrante de Estados Unidos.
La iniciativa, que responde fielmente a la política migratoria de DeSantis fundamentada en la ‘tolerancia cero’ del expresidente Donald Trump, incluye, entre otras medias, prohibir que los indocumentados utilicen identificaciones válidas que hayan sido otorgadas por jurisdicciones de Florida u otros estados o el traslado de extranjeros sin papeles.
Exige que los hospitales reporten la atención de extranjeros no autorizados y amenaza con cancelar licencias de operación a empleadores que los contraten sin haber cumplido con los requisitos del programa federal E-Verify.
“El plan permite que el estado se inmiscuya en el tema migratorio de manera tal que va a asustar a la comunidad inmigrante, muchos de ellos en procesos válidos de inmigración”, dice Ángel Leal, un abogado de inmigración que ejerce en Miami.
La propuesta, que cuenta con el total respaldo del gobernador, “incorpora tantas cosas que altera y asusta a la comunidad, entre otras cosas, por el mero hecho de transportar o albergar a un indocumentado. Pone este acto como una felonía de tercer grado, que lleva consigo una pena de cárcel de 5 años. Y si el transportado es menor de edad, hasta con 15 años de cárcel”, agrega.
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