Los juicios que definen el futuro legal de millones de personas se acumulan sin resolver en las cortes. Muchos de ellos son asilados
Laura Gómez atribuye a la intervención divina que su familia no haya sido separada al llegar a Estados Unidos. Se entregó junto a sus cuatro hijos a las autoridades de la patrulla fronteriza de San Diego, California, en agosto de 2018. Aquel momento ponía fin a un trayecto iniciado meses atrás en una de las primeras caravanas con las que decenas de miles de centroamericanos migraron al norte. “Me subieron a una camioneta de detenidos sin mi hija mayor”, cuenta. Hacía calor y los niños no llevaban suéter. Uno de los agentes vio en el brazo de una de las menores las marcas de quemaduras. Era la huella de la violencia que habían dejado en Honduras. “Después de eso llegó mi hija al vehículo. Dios no hace las cosas a medias”, dice Gómez por teléfono.
Casi cuatro años después de aquello la incertidumbre no termina para los Gómez, quienes viven en Beaverton, a las afueras de Portland (Oregón). La familia espera aún la condición de asilados en Estados Unidos después de sufrir en su país el acoso de las maras, que mataron al hermano de Laura y quemaron su casa, hiriendo a sus hijas. Su caso es uno de los 1,6 millones que están atascados en un sistema judicial colapsado por la pandemia del coronavirus. Han cambiado tres veces de abogado y las audiencias para analizar su petición han sido aplazadas una y otra vez. “Íbamos a tener una en diciembre de 2020, pero nos la cancelaron. El año pasado no tuvimos ninguna fecha. Y ahora toca ir a la corte en mayo”, explica Rosa, de 25 años, la primogénita.
Hay escasas posibilidades de que eso suceda. Los abogados expertos en migración han visto cómo desaparecen las citas para argumentar los casos de sus clientes frente a uno de los jueces especializados que hay en el país. Es un proceso que, por el momento, no tiene final. Algo digno de Kafka.
Recent Comments