En el 2020 a los contribuyentes les costó alrededor de mil 500 millones de dólares diarios, transportar y deportara las personas detenidas.
En lo que va del presente año fiscal, CBP informó que han encontrado a más de 700,000 inmigrantes intentando ingresar sin documentos a Estados Unidos.
En medio de la crisis humanitaria y migratoria por la que atraviesa Europa por la invasión de Rusia a Ucrania, una campaña pro-inmigrante en Estados Unidos le pide al Congreso que no destine más recursos para los centros de detención.
“Libertad para todos, representación universal”, dijo Oscar Chacón, director ejecutivo, Alianza Américas.
Ese es el objetivo de la campaña denominada “Libertad para todos”. En referencia a aquellos inmigrantes que estén enclaustrados en centros de detención en Estados Unidos.
“Es una campaña que busca desafiar es narrativa tóxica que ha sido dominante por tanto tiempo. Y proponer la idea de que ninguna persona debería ser privada de libertad por haber cometido una infracción migratoria, y a la vez debería tener una representación legal pagada por fondos públicos para asegurar poder navegar en la tan terrible ley migratoria que tenemos vigente desde por lo menos 1996”, agregó Chacón.
Esta petición a la administración Biden, de Alianza Américas, una red de 55 organizaciones pro-inmigrantes en 18 estados ve la luz después de la aprobación por el Congreso del presupuesto federal para el año fiscal 2022.
De acuerdo con la organización, los casi dos mil millones de dólares que el Departamento de Seguridad Nacional gasta anualmente en camas de detención debería ser reubicado.
“Que cuente con representación legal, mientras no podamos conseguir que se supere la ley hoy vigente”, dijo Chacón.
El inmigrante venezolano, Edison Calderón, conoce bien lo que es pasar meses en un centro de Detención, como el de Otay Mesa.
“Ahí vi personas que intentaron suicidarse, vi personas que se volvieron locos mentalmente porque es algo muy fuerte”, dijo el inmigrante venezolano.
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