La muerte de al menos 39 migrantes en un centro de detención mexicano cerca de la frontera entre México y Estados Unidos esta semana, demuestra que las políticas de inmigración en los dos países están fracasando estrepitosamente a la hora de abordar el número histórico de migrantes que escapan de regímenes opresivos.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, prometió el miércoles que su gobierno llevaría a cabo una investigación exhaustiva y castigaría a los responsables de las muertes y posibles violaciones de los derechos humanos de los detenidos en el centro de detención de migrantes de Ciudad Juárez. Se trata de una medida necesaria, sobre todo teniendo en cuenta que un vídeo autentificado por el secretario de Gobernación de México muestra a dos guardias abandonando a los detenidos en una habitación cerrada mientras un incendio se propaga rápidamente en el centro de detención.
Además de una investigación sobre el incendio, estas muertes de migrantes exigen que los funcionarios gubernamentales de ambos lados de la frontera reexaminen las políticas restrictivas de inmigración que jugaron un papel importante en esta tragedia.
Los gobiernos inestables en países como Guatemala, Venezuela y Haití están impulsando a un número récord de migrantes a buscar seguridad y trabajo en otros países, y muchos de ellos tienen la intención de llegar a Estados Unidos. El número de migrantes detenidos por las autoridades estadounidenses en la frontera sur ha aumentado de más de 977.000 en 2019 a más de 2,3 millones en 2022. Estas cifras están motivando a los legisladores republicanos a pedir políticas fronterizas cada vez más restrictivas, aunque ese enfoque no ha logrado disuadir a los migrantes.
En los últimos años, el gobierno de Estados Unidos ha promulgado políticas con el objetivo de disuadir a los migrantes de llegar a la frontera restringiendo severamente quién puede solicitar asilo.
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