Varios grupos defensores de los derechos civiles interpusieron el lunes una demanda federal para impugnar la nueva ley de inmigración de Florida.
El Southern Poverty Law Center, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), la ACLU de Florida, Americans for Immigrant Justice y el American Immigration Council incoaron la demanda en un tribunal federal de Miami en contra del gobernador de Florida Ron DeSantis, la fiscal general del estado Ashley Moody, y el fiscal estatal Nicholas B. Cox a nombre de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida y otros grupos, según registros de la corte.
La iniciativa que el republicano DeSantis promulgó en mayo refuerza su programa de reubicación de migrantes y limita los servicios sociales para los inmigrantes que carecen de estatus legal permanente. También expande los requerimientos para que los negocios con más de 25 empleados utilicen E-Verify, un sistema federal que determina si las personas pueden trabajar legalmente en Estados Unidos. Otras disposiciones requieren que los hospitales que aceptan el seguro de salud Medicaid incluyan una pregunta sobre la nacionalidad en las formas para el ingreso.
La demanda se enfoca específicamente en las disposiciones que penalizan el traslado a Florida de individuos que podrían haber ingresado al país de forma ilícita y que desde entonces no han sido “inspeccionados” por el gobierno federal.
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