En una decisión 5-3, el máximo tribunal de justicia facilitó al gobierno la deportación de inmigrantes indocumentados que llevan tiempo en el país y no han cometido faltas graves a la ley.
La Corte Suprema de Justicia dictaminó (5-3) este jueves que el gobierno federal puede deportar a inmigrantes indocumentados que han cometido delitos menores, un fallo que pone en riesgo de expulsión a extranjeros que batallan por permanecer en Estados Unidos y llevan mucho tiempo en el país.
En octubre, el máximo tribunal de justicia celebró una audiencia en la que los magistrados, tras los argumentos orales, mostraron mayor preocupación de que el fallo pudiera llevar a resultados adversos para los inmigrantes indocumentados que enfrentan la deportación y sus familias.
La ley de inmigración establece que, en última instancia, los inmigrantes indocumentados en proceso de deportación que demuestren que son elegibles para un alivio discrecional de la expulsión, y argumenten que su salida del país causaría un sufrimiento extremo a sus familiares inmediatos y extremadamente inusuales, podían pedirle al juez que proceda a una cancelación administrativa del caso y otorgarles la residencia legal permanente (green card).
Los magistrados Neil Gorsuch, John Roberts, Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh votaron a favor, mientras que los magistrados Sonia Sotomayor, Elena Keagan y Stephen Breyer vortaron en contra. La jueza Amy Barret se excusó de emitir un fallo.
El cambio
Los magistrados dijeron que la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) “coloca directamente la carga de la prueba en el extranjero para demostrar la elegibilidad para el alivio de la deportación”, lo que significa que a partir de ahora no será el gobierno quien deba demostrar la inegibilidad del inmigrante para permanecer en el país, sino que será el indocumentado.
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