El Gobierno de Joe Biden da una nueva vuelta de tuerca a su política migratoria con el principio que la inspira: más vías legales de llegada y más dificultades para la inmigración irregular. Esta vez lo hace con la presión de que el 11 de mayo expira legalmente en Estados Unidos la emergencia sanitaria por la pandemia y, con ella, el llamado título 42, que permite las devoluciones rápidas de inmigrantes.
Estados Unidos teme un aumento del flujo migratorio en la frontera con México y este jueves ha anunciado, por un lado, más medidas de control y, por otro, la extensión de vías legales de migración a países de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras) y Sudamérica (Colombia). Entre las novedades, Washington ha acordado con otros países crear centros de inmigrantes en la región, donde se procesarán y evaluarán entre 5.000 y 6.000 solicitudes cada mes.
“Tenemos la obligación de eliminar del proceso a los traficantes de personas”, ha dicho esta mañana el secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas. “Estamos construyendo vías para que la gente llegue a Estados Unidos sin que tengan que depender de los traficantes, pero al mismo tiempo imponemos consecuencias para quienes no usen estos caminos y emigren de forma irregular”, ha añadido el funcionario en una comparecencia junto con Antony Blinken, el encargado de Exteriores de Biden. Las autoridades han detenido a unos 10.000 traficantes de personas, o polleros, desde abril del año pasado.
Varios cargos de la Administración han advertido este jueves que el fin del título 42 no significa “que la frontera esté abierta”. La norma, empleada por primera vez en 1929 para contener la inmigración asiática, fue rescatada por el presidente Donald Trump en marzo de 2020 por motivos sanitarios, al inicio de la pandemia.
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