Activistas y organizaciones de derechos humanos han expresado su rechazo a los programas contra la inmigración irregular que ha emprendido el gobernador de Texas, Gregg Abbott, entre ellos la iniciativa de ofrecer recompensas por información que permita detectar casas escondites en el estado, en el marco de la Operación Lone Star.
“El dinero debe provenir de fondos estatales de cualquier forma. Y eso es algo que diríamos que es ilegal y nuevamente es una prueba de que cosas como la Operación Lone Star no tienen nada que ver con mantener segura la frontera, no tienen nada que ver con mantenernos seguros a nosotros, los texanos”, explicó a la Voz de América Alicia Torres, de la organización Grassroots Leadership.
A inicios de abril el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) publicó un anuncio ofreciendo una recompensa de 5.000 dólares por información que lleve a la localización de “casas escondite”, donde los inmigrantes suelen ser albergados por los coyotes.
El departamento anunció estar “trabajando para identificar casas de escondite, operaciones de prensado de píldoras, laboratorios de conversión de metanfetamina y más”.
La dependencia policial asegura que tiene el objetivo de “combatir la actividad delictiva transnacional”, lo que incluye “detener a los criminales involucrados en la trata de personas, el contrabando de drogas y el contrabando de personas”.
La cuestión migratoria sigue siendo un asunto de alta política para Washington. El presidente Joe Biden prometió antes de llegar a la Casa Blanca atajar las causas fundamentales de la inmigración irregular que viene de Centroamérica, el Caribe y América Latina, principalmente, pero se ha encontrado con una férrea oposición republicana, que ha imposibilitado legislar al respecto a nivel federal.
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