La Corte Suprema de Estados Unidos desestimó la apelación de un grupo de estados liderados por republicanos para intervenir en un caso que desafía la política de inmigración de “carga pública”, impuesta en la era Trump y cuya versión el gobierno de Biden dejó de implementar.
El caso no se centró en la legalidad de la regla. Por el contrario, evaluó si la administración de Biden siguió los procedimientos adecuados para revocar la político y para desestimar los desafíos legales pendientes.
La decisión de la Corte Suprema representan un golpe para los estados conservadores que le pidieron al alto tribunal intervenir.
El presidente de la corte, John Roberts, escribió una opinión a la que se unieron los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch.
Roberts manifestó su frustración con el gobierno de Biden por eludir ciertos procedimientos para revertir la política de Trump. En ese sentido, señaló que las maniobras plantearon “una serie de preguntas importantes” para futuras disputas.
Sin embargo, dijo que “quedó claro que este desorden podría interponerse en el camino para llegar a la cuestión planteada” en el caso. Y, por lo tanto, estuvo de acuerdo en que la apelación republicana debía desestimarse.
¿Qué es la regla de “carga pública”?
En agosto de 2019, el entonces gobierno de Donald Trump emitió una regulación, a la que se le denominó “carga pública”, que hizo más difícil para los inmigrantes que dependían de la asistencia del gobierno ––en programas como Medicaid, viviendas subsidiadas y cupones de alimentos–– obtener un estatus legal. La regla que se implementó en ese momento aplicaba a las personas que buscaban llegar o permanecer en Estados Unidos. En específico, a quienes estaban en proceso de obtener un estatus permanente legal, también conocido como tarjeta de residencia, tarjeta verde o ‘green card’.
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